Es preocupante observar cómo las administraciones competentes parecen ignorar las flagrantes violaciones a la ley de vivienda. La inacción frente a las denuncias presentadas por FACUA revela una falta de compromiso con la protección de los derechos de los inquilinos. La imposición de comisiones ilegales por parte de las agencias inmobiliarias es un abuso que debe ser sancionado con firmeza. Es inaceptable que, tras un año de denuncias, no haya habido ninguna respuesta ni sanción. Las autoridades deben actuar con urgencia para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los ciudadanos de estos atropellos.
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